EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL

PUZZO, Fernando;
2019-01-01

2019
978-84-7351-669-3
La monografía, en su visión coherente y armónica entre sus distintas partes, aborda, tras una breve premisa histórica, el sistema de valores que la Constitución establece, las fuentes del derecho, los derechos fundamentales y sus garantías, la regulación de sus instituciones de gobierno (Parlamento, Gobierno, Corona, Poder Judicial o Tribunal Constitucional) así como la distribución territorial del poder, las siempre problemáticas relaciones entre Estado y Comunidades Autónomas, así como su financiación. El libro empieza llevando a cabo un análisis del Estado español en su triple y controvertida definición como Estado «democrático», como Estado «de Derecho» y como Estado «social». Este análisis no se hace solo desde la perspectiva nacional (hispana) sino también comparada, con abundantes citas de jurisprudencia constitucional y con un enfoque original, sobre todo en relación con la definición de Estado «social»: se hace una apuesta decidida por unos derechos sociales que no son un mero programa para el legislador, pues se reivindica todos lo contrario: forman parte del contenido obligatorio que deben desarrollarse y, además, el legislador tiene poco margen de discrecionalidad. Estos valores sociales se traducen en una larga carta de derechos que están reflejados en la obra, en particular, en los Capítulos III y IV. Precisamente es en el éste último es donde se habla de los “Principios rectores de la política social y económica” y que mantiene también una posición en defensa de los derechos sociales al referirse a los derechos sociales como derechos fundamentales. Los autores de los capítulos I y IV, mantienen ambos el criterio que los derechos sociales son algo más que una mera enumeración o catálogo de derechos que quedan al arbitrio de los programas políticos de los partidos políticos en el Gobierno, pues se tratan de derechos fundamentales y en esa condición vinculantes para el legislador y para los jueces. Y esta visión pro social de también se manifiesta en el Capítulo III el cual está dedicado al “Sistema de derechos fundamentales, libertades públicas y obligaciones”, con la amplia atención que dedica al principio de igualdad. Este Capítulo III (que se completa con el V, dedicado a las “garantías de los derechos y libertades fundamentales) aborda el tema de la clasificación por la garantía que se lleva a cabo, pues esta es una clasificación compleja y no siempre bien estructurada, valoriza los instrumentos de defensa, lo que permite tener una visión de lo que el constituyente de 1978 tenía en mente, como derechos más importantes para estructurar la convivencia entre los españoles, es decir una clasificación que tiene en cuenta esa visión pro social. La descripción de las garantías incluye entre otras la denominada reserva de ley orgánica especialmente importante en el ámbito italiano al carecer este ordenamiento (como otros muchos europeos) de este tipo o categoría de norma. El Capítulo XII, ademàs, trata de la denominada Constitución económica y al modelo de financiación de las Comunidades Autónomas. Al principio esta propuesta narrativa puede parecer extraña, al mezclar una parte más vinculada con la política nacional y los derechos sociales con algo tan técnico como es la financiación autonómica. Sin embargo el engarce entre ambos es pertinente, pues son precisamente las Comunidades Autónomas las encargadas de realizar o aplicar los derechos sociales en España. Puede que la financiación sea el problema, mejor dicho el “Problema” con mayúscula, del Estado autonómico en particular y de los Estados descentralizados en general.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11770/180413
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